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POR UNOS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS

Un paseo por las calles y parques de nuestras ciudades, habitualmente, lejos de constituir una agradable experiencia, se convierte en una tortuosa carrera de obstáculos, intentando, a veces sin éxito, esquivar las "cacas" de aquellos perros, cuyos dueños pertenecen a esa incívica minoría que no recoge sus excrementos.

Son muchos menos, pero los efectos de su detestable ausencia de educación cívica, destacan mucho más en los espacios públicos, que los de esa gran mayoría que sí cumple con su obligación para con sus conciudadanos. Lamentable, pero cierto.

Esto se traduce en vías públicas, parques y zonas comunes sucios e insanos, que pueden transmitir, y habitualmente transmiten, enfermedades a los humanos, principalmente a los niños.

Ante esta irresponsabilidad que, injustamente, culpabiliza a otros propietarios de perros que sí son responsables y recogen los excrementos de sus mascotas, las autoridades locales, autonómicas y nacionales, tradicionalmente se han limitado a hacer llamamientos al buen comportamiento, con los resultados que todos conocemos.

Las autoridades, principalmente las municipales, poco a poco van comprendiendo que este estado de cosas no se puede mantener. Las calles no pueden ser auténticos basureros y se están explorando estrategias para erradicar esta moderna lacra, tan dañina para la imagen de las ciudades modernas. Entre las vías exploradas, destaca la implantación obligatoria del perfil genético de la población canina censada.

Con la popularización de los avances de la genética, si los municipios se deciden a ello, se puede lograr añadir al censo canino la huella genética de cada animal, con lo que cada caca quedaría asociada a un animal, y este al dueño, a quien se podría sancionar y exigir el pago de los análisis necesarios para su identificación.

Esta huella genética, se incorporaría al chip, que actualmente identifica a cada animal y a su propietario. La implantación de este dispositivo habría que hacerla obligatoria, ya que actualmente es opcional.

Este lenguaje, el de las sanciones, parece que es el único que determinada gente entiende, en perjuicio de otros dueños de perros que sí son responsables y también en perjuicio de la ciudadanía en general, de la salud y de la imagen de nuestras ciudades.

Aunque es poco conocido a nivel general por la ciudadanía, ya hay poblaciones que tienen implantado este sistema; por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, el de Játiva; también en poblaciones como Getafe, Guadalajara, Alcalá de Henares, Sitges o Tarragona hace tiempo que vienen trabajando con la idea de su implantación.

En cuanto al coste de este tipo de análisis, según los datos recopilados, se sitúa entre unos 25 y 40 euros por animal. Hay Ayuntamientos, como Málaga, que asume el coste con cargo a las arcas municipales si se hace dentro de los seis meses desde su implantación; a partir de esa fecha serán los propietarios quienes corran con el gasto.

Una medida complementaria, nueva, de gran interés, sería que quien fuera titular/responsable de un perro, tuviera que obtener un certificado de aptitud, otorgado por los ayuntamientos. Este certificado personal acreditaría que las personas que lo tienen, han superado un elemental examen de conocimiento animal, convivencia y responsabilidad. Esto supondría un escalón, que al requerir algún esfuerzo, evitaría las adquisiciones de mascotas por capricho temporal y lo que es más importante su posterior abandono.

Aquellos grupos políticos, que en su programa electoral para las elecciones municipales, llevaran medidas del orden de las que aquí hemos esbozado, intuimos que serian apoyados por un considerable numero de ciudadanos.

El Pajarón
Octubre de 2019


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